“Estamos enterrando en vertederos y quemando en incineradoras materiales muy valiosos, como la materia orgánica, fundamental para nuestros suelos, o metales y plásticos de los envases, perfectamente reutilizables o reciclables. Es una aberración prescindir de estos recursos cuando estamos agotando el planeta”
Liliane Spendeler , directora de Amigos de la Tierra
Nuestras sociedades son sistemas metabólicos: extraen energía y materiales del entorno, los procesan y transforman y después excretan los desechos en forma de residuos.
La ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados define un residuo como «cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar ». Todas estas sustancias están catalogadas en el Catálogo Europeo de Residuos, que incluye una veintena de tipos de residuos según su naturaleza.
Los residuos también se pueden clasificar en función a otros criterios como su procedencia (urbanos, mineros, industriales, agropecuarios) o su estado físico (sólidos, líquidos, gaseosos).
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), ahora denominados legalmente residuos domésticos, es la tipología de residuos más familiar para la ciudadanía, porque comprende aquellos residuos que esta tiene responsabilidad de gestionar en coordinación con las instituciones locales. Los residuos domésticos engloban los siguientes tipos de residuos:
Los sistemas de tratamiento y gestión de los residuos también son muy variados, y no todos ellos presentan el mismo grado de idoneidad ambiental. Algunas de estas prácticas son sostenibles y otras implican una de las mayores causas de insostenibilidad de nuestros sistemas sociales:
La incineración debe convertirse en el último lugar en la jerarquía de residuos, y los vertederos en una realidad que necesitamos prohibir dado su efecto nocivo sobre los ecosistemas, los paisajes y la salud humana. Debe entenderse que con la incineración no se termina con los residuos, pues casi un tercio de ellos terminan convertidos en cenizas y escoria altamente peligrosas. Al mismo tiempo, durante el proceso se emiten a la atmosfera gases tóxicos y partículas de elementos como el plomo, el cadmio, el mercurio…Además, la incineración, por su propia logística, no puede prescindir de los vertederos.
Asimismo debe entenderse que nuestro sistema de residuos no es ajeno a nuestro sistema económico, sino un fiel reflejo del mismo. El imperativo de crecimiento perpetuo fuerza a nuestra economía a generar una gran cantidad de desechos. Fenómenos como la obsolescencia programada, que significa un diseño intencional de las empresas para dotar a sus productos de una vida útil corta para fomentar el consumo, son un buen ejemplo del tipo de comportamientos ecológicamente irracionales que promueve la búsqueda del beneficio económico a cualquier precio. Y la tendencia es al alza: la basura crece más rápido que la urbanización. En los años noventa los residentes en ciudades, en todo el mundo, se estimaban en 2.900 millones, y producían 0,64 kilos de residuos diarios. Actualmente somos “solo” 1.000 millones más, pero generamos casi el doble de basura.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2010 aseguran que ese año se recogieron 24,4 millones de toneladas de residuos urbanos, dato que significa un 1,5% menos que el año anterior (como consecuencia de la crisis). Es decir, cada español produjo unos 535 kilos de basura al año, un 1,5 kg/día, y la tendencia es al alza.
El INE afirma también que del total de los 24,4 millones toneladas, 19,4 millones fueron residuos mezclados, es decir, la bolsa resto más los generados sin separación por comercios, oficinas, servicios y trabajos de limpieza de las vías públicas. Menos de cinco millones de toneladas fueron recogidas en lo que conocemos como contenedores de recogida selectiva (el iglú del vidrio, los de papel y cartón y envases, pilas, ropa, etc.), además de lo que se lleva a puntos limpios.
Es importante destacar que las cifras varían según administraciones. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), reduce en casi dos millones de toneladas las cifras del INE. Es decir, según el MAPAMA, en 2010 se recogieron 22,6 millones de toneladas, de las que la fracción de residuos mezclados fueron 18,8 millones de toneladas, lo que significa el 84% del total. La otra fracción, 3,8 millones, procedía de la recogida selectiva por este orden:
Esta disparidad de datos se mantiene desde hace años, lo que produce una gran confusión. Y lo que es más grave, la falta de homogeneización de cifras revela el ocultismo y la ausencia de criterios uniformes entre las Administraciones.
En nuestros cubos de la basura, casi la mitad corresponde a materia orgánica fermentable. Y más de la otra mitad se reparte entre papel y cartón 18,7%; plásticos 14%; vidrio 6,9%. El resto son metales, textil, madera y celulosas. Son cifras aproximadas, puesto que no hay estudios precisos sobre ello y hace años que no se actualizan.
Composición de la bolsa tipo de residuos domésticos (% en peso). Fuente: Un yacimiento en la basura, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, 2013
La reciente Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que es una trasposición de la Directiva Europea de Residuos, marca como objetivo para el año 2020 que la mitad de los residuos sean reciclados. Un objetivo imposible de cumplir por España a no ser que se proceda a modificar de raíz todo el proceso de gestión de los residuos.
Las cifras actuales demuestran lo lejos que estamos de los objetivos del Programa General de Medio Ambiente de la UE hasta 2020. Según datos de Eurostat, en España la parte principal de los residuos, un 58%, va al vertedero; al compostaje un 18%; al reciclaje un 15% y a la incineración un 9%.
La Diputación Foral de Guipúzcoa ha realizado un estudio sobre vertederos y reciclaje que permite extraer una conclusión muy significativa: el 81% de la fracción resto es reciclable. Es decir, el 81% del material que depositamos en los vertederos es recuperable: un 54% es materia orgánica, un 8,5% papel y cartón, un 5% vidrio, un 13% envases ligeros y un 0,5% madera.
Esta disparidad de datos confirma la poca fiabilidad de las estadísticas de los residuos en España; las cifras varían mucho con respecto a los datos del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), en vigencia hasta 2015, donde se afirma que al vertedero va el 68% de los residuos.
En uno de los borradores del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) se reflejaba una visión cercana a la realidad:
El último informe del ya desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) de 2012 refleja la persistencia y prevalencia de las dos opciones más indeseables para el tratamiento de los residuos urbanos: vertido e incineración. Y propone que es «fundamental incrementar la recogida selectiva para su reutilización y reciclado».
En 2005 había 59 de estas plantas que cribaron casi 6,5 millones de toneladas; en 2006, fueron casi siete millones, un año después llegaron a ocho millones en 66 instalaciones. La cifra dejo de crecer el año siguiente, cuando se empezaron a notar los efectos de la crisis por la bajada del consumo.
Como no hay plantas para todos los residuos generados en España, todavía hay millones de toneladas de residuos que se envían directamente a vertedero sin ningún ‘tratamiento’ previo. En 2008, entre lo que no se pudo separar (fracción resto o rechazo) para su reciclado y compostaje y lo que fue directamente al vertedero sumaron 16 millones de toneladas de residuos que se enviaron a enterrar en los 149 vertederos (Eurostat eleva la cifra a 195), de los que solo 63 tuvieron capacidad de recuperar el metano y producir electricidad, según el Observatorio de la Sostenibilidad de España.
Todavía hay millones de toneladas de residuos que se envían directamente a vertedero sin ningún tratamiento previo. En 2007 quedaban 43 vertederos ilegales censados activos y unos 200 inactivos sin clausurar. Aunque estas cifras han mejorado desde entonces, se ha producido un incremento de los microvertederos ilegales.
Los vertederos pueden causar impactos altamente perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente, así como efectos desfavorables a nivel social y económico. Si los residuos no están lo suficientemente compactados y estabilizados, si la pendiente de las capas de desechos no es la adecuada, si no se evacua el gas metano procedente de la fermentación de la fracción biodegradable, surgirán los problemas.
Los impactos asociados a los vertederos incluyen impactos sobre la salud y los ecosistemas, impactos sociales y económicos.
Los vertederos generan un altísimo rechazo social. Son fuente de molestias de todo tipo para la población: ruido, contaminación, impacto visual... Nadie quiere vivir o trabajar cerca de un vertedero. De hecho, el valor de las viviendas disminuye con la cercanía de estas instalaciones, más cuanto peor gestionado está el depósito. Es lo que se conoce como un efecto NIMBY [Not in my back yard - No en mi patio trasero].
[Texto extraído de Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, Un yacimiento en la basura, 2013]
En nuestro país se está produciendo un intenso debate social sobre el futuro del modelo de gestión de envases. Por un lado, la opción de continuar con el Sistema Integrado de Gestión (el llamado modelo SIG) y por otro, la posibilidad de apoyar una progresiva implementación del modelo del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (modelo SDDR).
El modelo SIG promueve que grandes gestoras en régimen de monopolio, que representan los intereses de la industria del envasado y las grandes superficies, se encarguen de la tarea del reciclaje de los envases. Para financiarlo los consumidores pagan una tasa no retornable (el llamado punto verde) por envase, y la ciudadanía aporta la logística de sus servicios municipales de recogida de residuos. Por otro lado, las gestoras aportan a las arcas municipales un pago anual según las cantidades de envases recogidas, aunque las competencias autonómicas introducen un número significativo de variables en cada caso.
El modelo SDDR busca imponer un depósito económico a cada envase, que luego es retornado a la ciudadanía cuando ese envase se devuelve para su reciclado o su reutilización, convirtiendo así el desecho en un recurso.
La polémica y la guerra de datos entre ambos modelos están servidas y no por casualidad. Además de una función social primordial, el reciclado es un lucrativo negocio y la información al respecto dista de ser la mejor. Teresa Ribera, ex secretaria de Estado del Cambio Climático con el gobierno de Zapatero, manifestó públicamente que «la transparencia del sistema deja mucho que desear». Por ejemplo, los datos de reciclaje que ofrecen los SIG son diferentes de los datos que ofrece la Agencia Europea del Medio Ambiente. Mientras que los SIG dan cifras de reciclaje cercanas al 70%, los organismos oficiales europeos consideran que en España el reciclaje de envases no llega al 30%.
Las ventajas que presenta en principio el modelo SDDR frente al SIG son las siguientes:
Por estas razones es el sistema que defienden los movimientos sociales ecologistas y otras plataformas de la sociedad civil progresista. Sin embargo, su aplicación también tiene problemas. Aunque algunos informes financiados por los SIG lo presentan como un modelo más eficaz y sostenible, esencialmente los problemas del SDDR están relacionados con cuestiones de tipo logístico, con cuestiones económicas (las empresas intentarán hacer cargar a la ciudadanía el coste del proceso), con resistencias culturales por parte de la población y también con las resistencias económicas y políticas de las actuales organizaciones responsables de los SIG.
Si para confeccionar las mercancías se usan materiales tóxicos o radiactivos, como sucede en casi todas las ramas de la producción industrial, es obvio que se originan desechos tóxicos o radioactivos. Qué hacer con los residuos es uno de los mayores retos al que se tienen que enfrentar las autoridades políticas y las diferentes sociedades.
Sabiendo como se sabe que, para la mayoría de los residuos artificiales, y desde luego para los más peligrosos, no hay soluciones técnicas razonables. La tentación de deshacerse de los mismos por cualquier procedimiento, de forma que sean invisibilizados, es muy grande.
Para algunas de las luchas de oposición contra la instalación de vertederos, incineradoras o plantas de procesado de residuos, se acuñó un término, NIMBY (Not in My Backyard - No en mi jardín), para intentar señalar el egoísmo y la contradicción de luchas que no se plantean reducir el consumo de productos, pero si preservar el medio ambiente propio trasladando la contaminación al jardín del vecino. No obstante, estas luchas no siempre han sido tan “egoístas” y en bastantes casos han conseguido que las personas participantes a amplíen su visión del problema hacia una perspectiva más global.
Los países altamente industrializados, se encuentran literalmente inundados de desechos y productos tóxicos. Para ellos se hace imprescindible librarse de los mismos y muy conveniente convertir su comercialización en una lucrativa industria.
Los desechos tóxicos pueden convertirse en una mercancía susceptible de ser vendida a los países más desprotegidos y pobres. Mientras en los países enriquecidos se aumentan las regulaciones ambientales, sus empresas se encargan de enviar la contaminación al resto del mundo. Estados Unidos se opone a la reglamentación del transporte de residuos peligrosos y también ha bloqueado las propuestas de otros países encaminadas a prohibir los embarques de residuos hacia los países pobres. No es de extrañar, pues, que al mismo tiempo haya convertido a países como Haití, Guatemala, El Salvador y Somalia en zonas de descarga de sus residuos industriales.
Los EE. UU. encabezan la lista de países que anualmente envían miles de toneladas de residuos tóxicos, encubiertos como fertilizantes, que son vertidos en las playas y tierras productivas de Bangladesh, Haití, Somalia, Brasil, y otros países. La administración aceptó que las grandes corporaciones estadounidenses mezclaran cenizas de incineradores -que tienen altas concentraciones de plomo, cadmio, y mercurio- con productos agroquímicos. Este veneno químico se vende a agencias y gobiernos extranjeros que, o no sospechan de ese contenido o simplemente hacen la vista gorda.
El traslado de desechos tóxicos a los países pobres no es el resultado de imprevisiones o fruto necesario del “progreso técnico”, sino que forma parte de la lógica de externalizar los impactos ambientales a otros seres humanos y países considerados con menos derechos.
[Texto extraído de Antonio Hernández et al., La crisis ecosocial en clave educativa, FUHEM ecosocial, 2009, págs. 91-92]
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